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El Principio de Ordinalidad en la Financiación de Comunidades Autónomas

En los últimos días, el debate sobre el principio de ordinalidad en la financiación de las comunidades autónomas ha cobrado relevancia. Sin embargo, pocas veces se ha explicado de manera clara qué implica este principio y cómo debería aplicarse. ¿Es realmente justo y sostenible? ¿Qué pasaría si se aplicara este modelo exclusivamente a Cataluña? En este artículo, desglosaremos el concepto de ordinalidad y sus implicaciones en el sistema de financiación autonómica en España.

¿Qué es el Principio de Ordinalidad?

El principio de ordinalidad establece que una comunidad autónoma que contribuye más al sistema de financiación no debería perder su posición relativa tras el proceso de redistribución. Esto significa que la solidaridad entre regiones no debería alterar el orden de las comunidades en términos de recursos per cápita antes y después de la redistribución.

Por ejemplo, si Cataluña es una de las regiones que más aporta, debería seguir estando entre las que más reciben después de la redistribución. A primera vista, esta lógica parece razonable. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la equidad del sistema.

El Problema de la Redistribución

Un argumento común es que, al igual que Juan Roig, un multimillonario que paga más impuestos, no debería recibir más servicios públicos que alguien con un salario mínimo, el principio de ordinalidad podría romper la naturaleza redistributiva del sistema. El objetivo no debería ser premiar a quienes más tienen, sino garantizar servicios públicos equivalentes en todo el territorio.

El sistema de financiación autonómica en España es imperfecto y comunidades como Andalucía han solicitado reformas para abordar problemas de infrafinanciación. Sin embargo, es crucial distinguir entre reformar el sistema con criterios de equidad y abrir la puerta a privilegios que respondan más a intereses políticos que a criterios técnicos.

Las Consecuencias de Incumplir el Principio de Ordinalidad

La redistribución tiene costos asociados. Puede distorsionar incentivos, reducir el crecimiento a largo plazo y fomentar el rent-seeking. Si se acepta la existencia de un sistema redistributivo, este debe seguir principios de justicia objetiva: transparencia, igualdad de trato y reglas comunes para todos.

El acuerdo con ERC, que propone un modelo en el que “nadie pierde y todos ganan”, no cumple con estas condiciones. Si Cataluña recibe 4.700 millones más, surge la pregunta: ¿de dónde provienen esos fondos? Si el total de ingresos no aumenta, la redistribución implica que otros recibirán menos.

El Impacto de Aumentar la Deuda o los Impuestos

Si el “pastel” de recursos crece a través de más deuda o impuestos, se plantea un dilema. Aumentar la deuda puede tener consecuencias a largo plazo para la economía, mientras que incrementar impuestos puede afectar la capacidad de crecimiento de las comunidades. Por lo tanto, es fundamental considerar las implicaciones de cualquier cambio en el sistema de financiación.

Conclusión

El principio de ordinalidad en la financiación de comunidades autónomas es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Si bien la idea de que quienes más aportan no deberían perder su posición es atractiva, es esencial recordar que el objetivo del sistema debe ser garantizar la equidad en el acceso a servicios públicos. Reformar el sistema de financiación con criterios de justicia y eficiencia es necesario, pero no a costa de crear privilegios que puedan perjudicar a otras comunidades. La transparencia y la igualdad de trato deben ser los pilares de cualquier acuerdo en este ámbito.

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